Freno en seco a la prohibición de quema de restos agrícolas
- La modificación parlamentaria suprime el apartado 3 del artículo 27 de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que prohibía expresamente la quema agrícola y silvícola
- Antonio Rodríguez, secretario Provincial de COAG Málaga: “Llevamos meses luchando para que prevalezca la sensatez y advirtiendo del riesgo de las injusticias que a su amparo se podían llegar a cometer”
6 de Octubre 2022.- La Coordinadora de Organizaciones Agrarias -COAG- de Málaga respira aliviada ante el freno en seco que se ha conseguido ejercer sobre el apartado 3 del artículo 27 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular y que textualmente indicaba que “no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola”.
El varapalo a la ley del Gobierno se ha conseguido por iniciativa de dos formaciones políticas (PDCat y Ciudadanos) quienes, durante los trabajos de la ponencia del Proyecto de ley por la que se está regulando el sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC), han interpuesto una enmienda transaccional, votada por mayoría en el Congreso de los Diputados, con la que se ha logrado revertir la puesta en práctica del mencionado artículo que contravenía claramente la sensatez y los principios de igualdad y equidad que todo texto legislativo debe defender.
“Desde COAG llevamos meses luchando, en los despachos y a la luz pública, porque se ponga freno a esta normativa que resultaba intrínsecamente injusta para las prácticas agrícolas y ganaderas. Tanto a nivel provincial, desde Málaga, como a través de la Junta de Andalucía e incluso exigiendo su rectificación en los ministerios de competencia, hemos estado denunciando la arbitrariedad de la ley y la confusión e incertidumbre que estaba generando a la hora de su aplicación, así como advirtiendo del riesgo de las injusticias que a su amparo se podían llegar a cometer”. Son palabras de Antonio Rodríguez, secretario Provincial de COAG Málaga, poco después de hacerse pública la noticia.
En este sentido, Francisco Boza, responsable de Castañar y de Silvicultura de COAG Málaga, asegura que gracias a esta enmienda “ha prevalecido el sentido común y la sensatez por parte de las distintas formaciones políticas. Resulta satisfactorio para nosotros por lo menos saber que cuando se denuncia algo que es de justicia, no cae en saco roto y que todo el trabajo y el esfuerzo que hemos estado desarrollando en los últimos meses ha impactado en buena medida y ha puesto a funcionar nuestro sistema democrático, dando marcha atrás a una iniciativa que, al menos a nivel agrícola, estaba repleta de injusticias y, lo que es peor, de desconocimiento y falta de información sobre el sector”.
Así, y gracias a esta rectificación se corrige un texto plagado de ambigüedades ante las que, desde COAG, hace solo 24 horas se solicitó una moratoria de dos años ante la falta de información y coordinación por parte del gobierno central, así como ante el hecho de haberla desarrollado a espaldas del sector agrario y de sus necesidades, siendo el gran perjudicado por sus prerrogativas. Además, la nueva ley dificultaba la gestión de las autorizaciones excepcionales por razones de carácter fitosanitario (propagación de plagas) o en entornos silvícolas (para evitar incendios forestales).
Asimismo, en algunos casos, la trituración de los restos de poda para incorporarlas al suelo hace inviables prácticas sostenibles como el mantenimiento de las cubiertas vegetales vivas. Hay que tener en cuenta que hay situaciones donde la accesibilidad de maquinaria para realizar la retirada o trituración de los restos es inviable (pendientes de más del 15% o superiores). En este sentido hay que tener en cuenta que la quema de restos vegetales es, además, una medida sanitaria para evitar la proliferación de posibles enfermedades como los hongos.
