Fiscalidad
- Agricultores y ganaderos no pueden hacer su declaración a Hacienda, a pesar de que la campaña de la renta comenzó el 6 de abril.
- Esta organización agraria demanda también la publicación urgente de la orden que recoja la contratación de la doble potencia eléctrica y las bonificaciones para gasóleo, plásticos y fertilizantes, establecidas en la última modificación de la Ley de Cadena Alimentaria.
05 de mayo de 2022. Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía es inconcebible que, a la fecha en la que estamos, habiéndose iniciado la campaña de la renta el 6 de abril, no se haya publicado aún en el BOE la Orden por la que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
La situación está generando mucha inquietud a los agricultores y ganaderos andaluces, que siguen sin saber cómo quedarán los índices de rendimiento neto y sin poder, por tanto, hacer frente a sus obligaciones ante Hacienda.
Los plazos corren –la campaña de la renta finaliza el 30 de junio-, y todavía no se sabe cuáles de las reducciones solicitadas por el sector van a ser atendidas. En concreto, COAG Andalucía remitió un informe a la Consejería de Agricultura atendiendo al Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo sobre el Impuesto de la Renta de las personas físicas, que en su artículo 37.4.1 prevé que cuando el desarrollo de actividades económicas a las que le resulte de aplicación el régimen de estimación objetiva del IRPF se vea afectado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afecten a un sector o zona determinada, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar con carácter excepcional, la reducción de signos, índices o módulos.
Así, esta organización agraria ha detallado en el informe las situaciones excepcionales acaecidas durante 2021, por cultivo y por provincia, que han supuesto una notable disminución de los ingresos de los agricultores.
Los perjuicios que han marcado el 2021 de manera trasversal han sido la sequía, los fenómenos meteorológicos y, por supuesto, el brutal incremento de costes de producción, que se ha unido a la crisis de precios en origen. A estos motivos más que suficientes para la reducción de módulos solicitada, se unen circunstancias como plagas, virosis, temporales e, incluso, incendios.
Asimismo, COAG Andalucía recuerda que también se está a la espera de la publicación de otra orden muy necesaria para el sector agrario andaluz. Se trata de lo anunciado en la última modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, que se produjo en diciembre de 2021: la contratación de la doble potencia eléctrica, la bonificación para gasóleo, plásticos y fertilizantes.
La Ley recogía estas demandas que COAG ha venido reclamando reiteradamente al Ministerio de Agricultura ante el incremento de los coste de producción, de un lado, la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, de forma que se pueda reducir la potencia contratada durante el periodo del año en que no se riega, evitando pagar por algo que no se utiliza y reduciendo así la parte de la factura eléctrica que corresponde a este concepto y, de otro, el establecimiento de bonificaciones que compensen el incremento del precio de tres de los principales inputs que soportan los agricultores como son el gasóleo, los fertilizantes y los plásticos.
Concretamente, la Ley, en su disposición adicional primera, establece que el Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente.
Además, desde COAG Almería ya se remitieron a las administraciones estas mismas peticiones a principios de año, recordando la necesidad para el sector agrícola de la agilización de los plazos tanto en lo tocante a reducción de módulos como en lo referente a publicación de las órdenes que dieran cumplimiento a las medidas recogidas en la Ley de la Cadena Alimentaria.
