* Esta organización agraria ha planteado a los representantes del Parlamento y de la Comisión que Andalucía no puede seguir siendo la gran perjudicada en los fondos de la PAC.
* COAG Andalucía ha trasladado la preocupación por cuestiones como la necesidad de un presupuesto suficiente; la renacionalización de la PAC a través del diseño de planes estratégicos o la ansiada simplificación administrativa, entre otras cuestiones.
Sevilla, 28 de septiembre de 2018. Una delegación de COAG Andalucía, encabezada por el secretario general, Miguel López, y con representantes de todas las Uniones provinciales, ha mantenido en Bruselas diversos encuentros con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, con los que ha compartido las peculiaridades del sector agrario andaluz y a los que ha trasladado la preocupación de la organización por algunas cuestiones relacionadas con el diseño de la PAC post 2020.
En primer lugar hubo una reunión con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, con la que se abordó el problema de los precios y la regulación de las prácticas comerciales desleales, a raíz de una propuesta de Directiva que se debatía en la COMAGRI, y cuyo ponente es el propio presidente de la Comisión, Paolo de Castro. COAG Andalucía plantea que la ordenación de los mercados suele quedar fuera de los debates de la PAC, pero que es una cuestión trascendental para el sector agrario andaluz. Es importante proteger al eslabón más débil, en este caso los productores que, frente a una distribución muy concentrada, no tienen capacidad de poner precio a su trabajo, por que se ven forzados a vender sus productos a precios que a menudo ni siquiera permiten cubrir los costes de producción. Con Clara Aguilera también se analizó la necesidad de contar con un presupuesto fuerte, y el rechazo a los recortes sufridos.
El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, planteó que la aplicación en España de los recortes presupuestarios de la PAC actual ha perjudicado especialmente a los pequeños agricultores y han beneficiado a los grandes perceptores de más de 300.000 euros, al aplicarles un menor recorte que en el marco anterior.
De presupuestos también se habló con Ricard Ramón, de la Unidad de Políticas y Análisis de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Ramón expuso que la contribución del Parlamento ha sido fundamental para garantizar que los pagos directos serán financiados al 100% hasta 2027, por lo que no hay riesgo de renacionalización de la PAC, pero al nueva gobernanza busca que los estados puedan atender a sus peculiaridades, siempre respetando los criterios generales que marca Bruselas. Además, ha explicado que se busca una mayor focalización de las ayudas, para que los fondos vayan donde sean más necesarios.
La delegación de COAG Andalucía también tuvo ocasión de compartir opiniones sobre el Presupuesto comunitario con Eider Gardiazábal, que coordina esta área en el grupo S&D del Parlamento Europeo. Ante la celebración de elecciones comunitarias en mayo de 2019, se planteó la duda de si habría plazo suficiente para poder aprobar el nuevo Marco Financiero. Alemania y Francia trabajan para conseguir que se apruebe antes de los comicios, pero no es seguro que pueda conseguirse el voto mayoritario de la Cámara, y si no se logra, habría que prorrogar los actuales, dándose lugar a una nueva PAC con el mismo presupuesto.
Otro encuentro de gran interés fue el que se desarrolló con la eurodiputada del grupo PPE Esther Herranz, ponente sobre planes estratégicos nacionales. Herranz explicó el cambio sustancial que se produce en la PAC, con una condicionalidad reforzada que irá a más, hasta llegar al denominado “eco esquema”, que implica un plus medioambiental, aunque desde COAG Andalucía se planteó la necesidad de mayor información sobre cómo será ese “eco esquema”, ante el riesgo de que se dupliquen las exigencias con respecto a las medidas del segundo pilar.
La diputada explicó que el Parlamento Europeo quiere más camino común de lo que propone la PAC, es decir, menos renacionalización. También habló sobre los pagos históricos, que algunos cuestionan, por lo que se esperan enmiendas en ese sentido, aunque el representante de la Comisión aseguró que el nuevo reglamento los permite, con ciertos ajustes. España tendrá que decidir qué postura toma a este respecto, y Andalucía debe estar especialmente atenta en este debate, porque se juega mucho.
Otro de los temas abordados fue la necesidad de promover el relevo generacional, ya que hay jóvenes que no pueden acceder a la tierra, mientras en España hay miles de perceptores de ayudas PAC que no son agricultores ni ganaderos.
COAG Andalucía defendió que el modelo social y profesional es el que asegura que haya economía y empleo en los pueblos, y por tanto la mejor forma de combatir el despoblamiento del medio rural, además de desempeñar un importante papel medioambiental y ser garantía de abastecimiento de alimentos de calidad. Por eso, si hay menos recursos, es esencial repartirlos bien. También se planteó la necesidad de que el debate de la PAC no sea tanto el valor del derecho como el valor de la renta de los productores. Es necesario hablar de renta para conocer la situación real de los agricultores y ganaderos, especialmente cuando se les exige cada vez más.
Además, esta organización agraria recordó que hay medidas que se aplican, al margen de los presupuestos, con las que se puede beneficiar o perjudicar al sector. Así, por ejemplo, ocurre con la normativa en materia de competencia, que debe hacer una excepción con el sector agrario.
Otro de los puntos importantes fue el de los acuerdos preferenciales con terceros países. Sobre este tema se habló con Inmaculada Rodríguez Piñero, de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. COAG Andalucía recordó que estos acuerdos suelen utilizar a la agricultura como moneda de cambio y que es imprescindible que se exija a los productos que entran los mismos requisitos y restricciones que se aplican a los comunitarios. Además, la UE debe extremar el control y la coordinación en los puertos y vigilar que se cumplan calendarios y contingentes, así como los precios de entrada establecidos.
