El Congreso Andaluz
Es el máximo órgano de dirección de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, en quien reside la soberanía de la Organización. Está constituido por los delegados designados por cada una de las Uniones Provinciales integradas en la organización, en número proporcional a sus afiliados, más la Ejecutiva Regional Andaluza.
El Pleno
Es un órgano de representación territorial de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía con funciones de dirección, equivalente a un Consejo Andaluz reducido. Es por tanto un órgano que garantiza la representación de los intereses territoriales de cada unión provincial dentro de la Organización. Está compuesto por la Ejecutiva Regional Andaluza, a quien corresponde su convocatoria a través del Secretario General, por dos miembros nombrados por cada Unión Provincial, por la Secretaría de la Mujer y por la persona responsable de Juventudes Agrarias.
La Ejecutiva Regional Andaluza
Es el órgano colegiado ejecutivo de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Sus miembros son elegidos directamente por el Congreso Andaluz mediante votación libre y secreta, de entre los propuestos por las Uniones Provinciales, pudiendo presentar cada unión un máximo de dos candidatos, debiendo ser afiliados a la misma.
La distribución de cargos dentro de la Ejecutiva Regional Andaluza se realizará por acuerdo de sus miembros, excepto el Secretario General que será designado expresamente por el Congreso Andaluz, por el mismo sistema democrático de elección.
En el X Congreso, celebrado en octubre de 2016, quedó configurada la Ejecutiva, compuesta por los siguientes miembros:
Miguel López Sierra
Secretario General
Eduardo López Vargas
Secretario de Organización
Andrés Góngora Belmonte
Miguel Pérez Aguila
Carmen Quintero Morales
Miguel Monferrer Montoro
José Manuel Benítez Castaño
Esteban Moya Romero
Antonio Rodríguez García
Ramón García Martín
Aquilino Roldán Solís
Secretario General
Ostenta la representación legal, institucional, contractual y económica de la Organización ante las Administraciones públicas, los organismos e instituciones de la Administración, y en las relaciones con las personas físicas o jurídicas con capacidad de negociación política, económica o sindical.
