● La plataforma ha celebrado una rueda de prensa en la que ha transmitido su
preocupación por el mercadeo de un bien público tan necesario y ha instado al
organismo de cuenca a que asuma la intermediación en la cesión de derechos
con criterios sociales y ambientales y no sólo económicos
● Las organizaciones han alertado de los efectos del cambio climático y la
sequía sobre sector agroganadero, los usuarios y los ecosistemas
La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha presentado hoy en rueda de prensa su posicionamiento ante la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por la empresa una empresa privada.
En la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 m3/ha. En la implementación de este proceso de cesión, una entidad privada, pretende asumir una función de intermediación, ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes.
Si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión
de derechos al uso del agua entre concesionarios, las organizaciones de la MSA consideran
que, en una situación tan grave de sequía como la que atravesamos, no se puede
mercadear con un bien público como es el agua. Asimismo, con la base legal que brinda el
artículo 68.3 de la misma ley, el Organismo de Cuenca debe frenar la operación en marcha
y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y asignación
a criterios sociales y ambientales y no solo económicos.
Por otra parte, y dada la urgencia de actuar contra esta situación, las organizaciones de la
Mesa consideran que el decreto de sequía que actualmente se encuentra en proceso de
redacción debería incluir la creación de los centros de intercambio de derechos. Estos
centros de intercambio ya están previstos en el artículo 71 de la Ley de Aguas. De esta
forma, la cesión de derechos estaría gestionada por una entidad pública. Además, estos
centros de intercambio deberían establecer criterios de distribución del recurso, que
contemplen un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia
de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además
de respetar el régimen de caudales ecológicos.
Por otro lado, las organizaciones de la MSA han querido hacerse eco de la sequía
pluviométrica que, con una distribución desigual en Andalucía, acumula aportes por debajo
de la media estadística desde el año hidrológico 2018-2019. Esta situación está provocando
graves impactos en la agricultura de secano y en la ganadería extensiva. Igualmente está
suponiendo una reducción de las aportaciones a las masas de aguas superficiales y
subterráneas, con la consiguiente escasa recarga de acuíferos subterráneos y embalses
superficiales, lo que agrava aún más la reducción de dotaciones que el regadío lleva
soportando tres años. No obstante, la Mesa advierte que en Andalucía, existe un problema
de escasez de agua, puesto que existe un desequilibrio permanente entre las demandas de
agua y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con
grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es
estructural, encubierto por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y
subterráneas. Esto se ve acentuado además por la actual sequía pluviométrica y se
intensifica por las extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del
cambio climático.
La Mesa Social del Agua ha advertido que las infraestructuras hídricas demandadas por la
Junta de Andalucía ignoran y, por tanto, no abordan, la problemática de la sobreexplotación
de recursos, alienta el incremento de la demanda de agua y además, presenta como
urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo. Por ello, la MSA ha
presentado una serie de medidas a corto plazo que instan sean tenidas en cuenta por la
Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Entre las medidas de urgencia a corto plazo, la MSA considera imprescindible dotar de
ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre. Para ello, se debe
suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales,
abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación. En referencia a la agricultura de
regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie
regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional.
Igualmente, la MSA considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales
como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las
diferentes situaciones socio-económicas de cada una.
Como medidas a medio y largo plazo, la MSA exhorta a la Junta de Andalucía a que cumpla
los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura
y que contemplan, entre otros: la definición de objetivos medioambientales prioritarios en
materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la
garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a
los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo “limitación de la
superficie de regadío”), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de
adaptación al cambio climático. Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de
Andalucía que han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes
sociales en la actualidad. Por todo ello, la MSA ha vuelto a remitir el decálogo de medidas
que ya presentó en la anterior legislatura y que podría servir de hoja de ruta para una
transición hídrica justa para Andalucía.
