El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha salido con la suya. Ayer mostraba su felicidad por la aprobación definitiva por parte de la Unión Europea del Plan Estratégico que España ha diseñado para llevar a cabo la aplicación, a partir del 1 de enero de 2023, de la nueva reforma de la Política Agraria Común –PAC-.
Una dicha que el sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, no entiende ni aprueba, ya que el ministro ha culminado lo que siempre “inexplicablemente” ha perseguido, que es el trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas.
Como recuerdan los representantes del campo andaluz, la satisfacción de Luis Planas pasa por hurtar 500 millones de euros a la principal región agraria de España, machacar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.
Para Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, Planas tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.
En definitiva, el Plan que ya tiene el visto bueno de Europa se ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales. En este sentido, según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del Ministerio van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.
Esta discriminación se evidencia claramente si vemos los ecoregímenes en los que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoregímenes y el reparto de los fondos de esta partida son, a todas luces, insuficientes si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental con las nuevas regiones productivas.
Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de incremento desmesurado de los costes de producción, a lo que deberán sumar las pérdidas en la PAC, lo que acabará con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.
La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.
