La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado ayer que reclamará en la Mesa Nacional de la Sequía del próximo viernes que el Gobierno de España ponga en marcha medidas de apoyo al sector agrario para amortiguar el impacto de la sequía, entre otras, la exención del pago del IBI rústico a las fincas afectadas por la sequía, “una medida que ya se puso en marcha en 2018”. De forma paralela, la Junta solicitará la correspondiente compensación a los ayuntamientos.
Crespo ha avanzado en la Mesa de Interlocución Agraria reunida ayer a mediodía con la participación de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, las medidas que propondrá al Ministerio de Agricultura, así como las que aprobará mañana el Gobierno andaluz, para ayudar al campo ante una “sequía pertinaz”.
En este sentido, la consejera ha destacado la necesidad de que el Gobierno central aumente los fondos Next Generation dedicados a la modernización del riego, ya que estos recursos económicos procedentes de Europa “son una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar para mejorar nuestros regadíos y para llevar a cabo iniciativas que alivien la sequía”. Así, Crespo ha vuelto a incidir en que el Gobierno de España tiene que poner en marcha de forma urgente e inmediata las obras de interés general del Estado que, en materia hidráulica, aún continúan pendientes por ejecutar en la Comunidad Autónoma.
A este respecto, la responsable de Desarrollo Sostenible ha adelantado que la semana que viene mantendrá una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el objeto de abordar la situación de proyectos estratégicos para Andalucía cuya ejecución compete al Gobierno central. Es el caso, por ejemplo, “de las desaladoras que hemos solicitado desde el Gobierno andaluz en la zona de Málaga”, concretamente, en la Axarquía y Marbella.
Crespo ha explicado que el Consejo de Gobierno conocerá mañana las medidas por las que apuesta la Consejería para apoyar al sector agrario para amortiguar los efectos de la sequía, entre las que se encuentra la exención a los agricultores y ganaderos de Andalucía del cumplimiento de ciertos requisitos de ayudas en los que interfiere la falta de precipitaciones como, por ejemplo, la obligatoriedad de diversificación de cultivos para poder acceder al Pago Verde de la PAC.
Asimismo, la Junta aboga por activar subvenciones similares a las de la Covid-19 para los productores afectados por la sequía; que se pueda adelantar el 70% de las ayudas de la PAC y no solo el 50% establecido de forma ordinaria; y que se convoquen ayudas para facilitar que los regantes cuenten con conexiones con las depuradoras para poder aprovechar las aguas residuales regeneradas. “Queremos sacar esta medida con urgencia porque se trata de una actuación fundamental que necesitan los regantes ya”, ha aseverado la consejera en relación al aprovechamiento de las aguas tratadas en las depuradoras.
Ayudar al sector
Además de la sequía, la Mesa de Interlocución Agraria también ha analizado hoy la situación actual del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y la escalada de los costes de producción. En esta línea, la consejera ha lamentado, una vez más, “la tormenta perfecta” que está afectando al sector agrario de Andalucía, que sufre las consecuencias de la sequía, de la competencia desleal de terceros países, del aumento de los costes de producción y de la reforma de la PAC, que “no se puede convertir en un obstáculo, sino que debe ser una posibilidad”.
La consejera de Agricultura ha afirmado que “hoy vamos a dar el pistoletazo de salida” a la puesta en marcha de nuevas medidas que permitan “ahondar” en el respaldo que las administraciones ofrecen a los agricultores y ganaderos. De hecho, ha afirmado que esta reunión permite “estudiar con los representantes del campo andaluz” las iniciativas para así continuar con la apuesta por el consenso que define al actual Gobierno andaluz en las cuestiones agrarias. “Es necesario que todas las instituciones nos posicionemos junto al sector y pongamos encima de la mesa todas las medidas necesarias que sean de nuestra competencia”, ha apuntado Crespo, afirmando que “la Junta de Andalucía está dispuesta” a ello, al tiempo que ha solicitado al Gobierno de España que haga lo mismo “y, a su vez, demande a la Unión Europea” las actuaciones de ámbito comunitario.
Respecto al Plan Estratégico Nacional de la PAC, la consejera ha lamentado que perjudique a los agricultores y ganaderos andaluces y ha vuelto a reclamar que el Gobierno central atienda las alegaciones “acordadas por unanimidad” con el sector de esta Comunidad Autónoma y relativas, entre otras cuestiones, al aumento de los ecoesquemas de 8 a 12 y a contar con unas “regiones productivas mejor organizadas”. Esta última modificación permitiría, según ha apuntado Crespo, “evitar que en tierras como Sevilla, el 60% de los agricultores pierdan ayudas, especialmente en la campiña, o que en La Loma de Jaén, el 61% de los productores sufran recortes”. “Está en manos del Ministerio poder arreglarlo”, ha enfatizado.
En cuanto a las iniciativas dirigidas a paliar el aumento de los costes de producción, Carmen Crespo ha insistido en la necesidad de poner al servicio de los agricultores la doble tarifa eléctrica para el regadío y aprobar la propuesta andaluza de rebaja fiscal que disminuiría en un 50% de forma generalizada los módulos de IRPF de las actividades agrarias.
Han asistido a la Mesa de Interlocución Agraria el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López; el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano; el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra; y el vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Cristóbal Gallego; entre otros representantes. Además, también han participado el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez; el secretario general de Fondos Europeos al Desarrollo Sostenible, Manuel Alías; el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez; la directora general de Ayudas Directas y Mercados, Consolación Vera; y la directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Cristina de Toro.
