Las organizaciones integrantes de la Mesa Social del Agua de Andalucía realizan una presentación de sus propuestas por una transición hídrica justa, social y ecológica tras las sesiones de trabajo que han mantenido.
Andalucía está inmersa en la sequía más dura e intensa de la que hay registros. Seis años consecutivos de escasez de lluvias, evidentes efectos del cambio climático y sobreexplotación del recurso que están ocasionando gravísimos problemas de acceso al agua en cantidad y calidad suficientes.
La crisis está afectando al medio rural especialmente, a su tejido productivo y las personas. La Mesa Social del Agua de Andalucía está convencida que es necesario adaptarse a una situación de déficit crónico y creciente.
Para afrontar la situación de gravedad en la que nos encontramos, las entidades que conformamos la mesa, solicitamos un cambio profundo de las estructuras de gobierno del agua, reivindicando la transparencia, la participación social y la rendición de cuentas, incorporando nuevos criterios y nuevas voces, así como democratizar las Comunidades de Regantes y garantizar la gestión pública democrática del ciclo urbano del agua.
El principal reto es el reparto o reasignación social del agua disponible con criterios de transición hídrica justa con una discriminación positiva hacia la agricultura familiar, social y profesional con funciones sociales y ambientales, frente al modelo de grandes explotaciones intensivas. Es necesario un Pacto por la Agricultura Familiar; Es necesario que en esta legislatura se apruebe la ley de la Agricultura Familiar” que aglutine todos los cambios estructurales que se han producido y se pueden producir con un compromiso firme al modelo de explotación social y profesional.
Una transición justa que cuente con actores y partes interesadas para una negociación social, económica, ecológica y territorial adaptada a cada caso. Es fundamental la implicación de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se realicen los cambios normativos imprescindibles a través de la Ley de Agua y con ello se regule también la participación evitando el acaparamiento de poder en la toma de decisiones, así como una Planificación Hidrológica que tenga en cuenta los procesos climáticos y los periodos de escasez. En este sentido, la administración “tiene que evaluar las medidas tomadas en años anteriores para la gestión de la sequía… antes de proponer nuevas si siguen las circunstancias actuales” sin olvidar las cuantiosas pérdidas económicas que se han producido en las explotaciones familiares por las restricciones de agua.
En lo referente al sector urbano se han desarrollado ejemplos de buenas prácticas que se deben tener en consideración para responder a los principios de universalidad, disponibilidad, igualdad y no discriminación, calidad, accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad, que han de ser tenidos en cuenta. Así mismo, los Planes de Emergencia por sequía deben transformarse y adaptarse a este fenómeno climático. “Urge la elaboración de un nuevo Reglamento de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano” para reconocer el derecho humano al agua, la defensa de la titularidad pública del recurso y su administración y control.
Con todo ello, la Mesa Social del Agua de Andalucía, apela al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua que pone énfasis en la restauración y protección de los ecosistemas acuáticos teniendo en cuenta la disponibilidad renovada y duradera de agua para usos sostenibles.
