- COAG vuelve a demandar a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que exijan a Azucarera la negociación de un Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).
- La compañía está infringiendo el Reglamento de la Organización Común de Mercados, cuyo espíritu es fomentar la capacidad negociadora de los productores, y que establece que las condiciones de compra han de regirse por acuerdos interprofesionales escritos previos a la formalización de los contratos de compraventa de remolacha.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía denuncia que Azucarera, filial de la británica British Sugar, sigue infringiendo el Reglamento europeo de la Organización Común de Mercado (OCM) para cuadrar sus cuentas de resultados a costa de los remolacheros. Dicho reglamento establece que las condiciones de compra han de regirse por acuerdos interprofesionales escritos previos a la formalización de los contratos de compraventa de remolacha, algo que no se está dando en la actualidad.
Esta situación favorece a Azucarera, que prefiere tener al campo fragmentado y desunido porque le permite imponer sus condiciones en los contratos de remolacha, algo que precisamente el Reglamento Europeo pretende evitar. Es la propia Comisión Europea la que reconoce que “corresponde a las autoridades de los Estados Miembros decidir sobre las medidas que deben adoptarse para hacer frente a esta situación”, por lo COAG Andalucía exige que la Consejería de Agricultura actúe ya para corregir esta ilegalidad.
Esta situación es la que se está dando actualmente en Andalucía, perjudicando a aquellos remolacheros amparados por el contrato colectivo, a quienes se les niega la posibilidad de firmar los contrato bajo la modalidad de “modelo compartido” y se les obliga a hacerlo bien individualmente o bien con las ofertas de años anteriores… que en esta campaña nadie los va a utilizar dada la situación de sequía por la que atraviesa actualmente el campo andaluz.
La ausencia de AMI ha permitido estos años introducir cláusulas desleales y abusivas en los contratos que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria en un claro abuso de poder. Estas imposiciones le permiten principalmente pagar por debajo de los costes de producción vendiendo las ayudas como parte del precio ofertado, algo prohibido por la legislación. Todas estas prácticas de Azucarera, que ya están denunciadas ante la AICA, son una fuente de inseguridad y de malestar.
Este desequilibrio es evidente también en el momento actual del mercado, ya que el diferencial de precio entre el azúcar vendido en España está en máximos frente a la media del mercado europeo. Por ejemplo, en diciembre el precio de la zona 3, donde España es uno de los mercados más importantes, fue de 512 €/t frente a los 422 €/t en el conjunto de la UE. Esto le permite a Azucarera mejorar sus resultados a costa del sector remolachero, ya que es el precio europeo el que emplea para calcular el pago por la remolacha.
De esta forma, Azucarera ha hecho recaer sobre el sector remolachero gran parte del ajuste de la crisis de estos años, mientras que los agricultores se beneficiarán poco de la recuperación comparativamente; y eso a pesar de que, según un estudio publicado por la Comisión Europea, los mayores costes del azúcar en España nunca se ha debido tanto al precio de la remolacha (incluso cuando había Acuerdo Marco Interprofesional), sino a los mayores costes por tonelada de la industria en el procesado del azúcar, que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países, no han dejado de aumentaren España en estos últimos años.
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