viernes, noviembre 22, 2024
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COAG Andalucía anima a todo el sector de frutas y hortalizas a plantarse el día 24 ante el ministerio de agricultura

La subida de los costes de producción y a la falta de rentabilidad, factores que están poniendo en jaque la supervivencia del sector, en situación crítica, y del modelo productivo social y profesional.
Andrés Góngora: “Si no paramos esto, nos hundimos. Todos debemos ir a Madrid a decirle al ministro que ponga pie en pared a la subida brutal de costes, a la falta de precio en origen y a la competencia desleal”.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía anima a todos los agricultores andaluces que se dedican al cultivo de las frutas y hortalizas a que se planten, el próximo miércoles 24 de noviembre, ante las puertas del Ministerio de Agricultura. El motivo: la grave crisis que padece el sector por la subida de costes y la falta de rentabilidad.

La protesta ante el ministerio del que es titular el ministro Luis Planas, organizada en unidad de acción con las demás organizaciones agrarias, consistirá en una concentración de productores de frutas y hortalizas provenientes de las distintas provincias andaluzas, especialmente de Almería, donde se concentra la mayor producción de frutas y hortalizas de España e, incluso, a nivel europeo.

Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG y secretario provincial de COAG Almería, insta a los agricultores andaluces de este sector clave para Andalucía a que se desplacen a la capital el próximo día 24 como protesta contra la crisis que está sufriendo el sector de las frutas y hortalizas: “Si no paramos esto, nos hundimos. Todos debemos ir a Madrid a decirle al ministro que ponga pie en pared a la subida brutal de costes, a la falta de precio en origen y a la competencia desleal”. El responsable de Frutas y Hortalizas de COAG ha indicado que habrá autobuses a disposición de los agricultores que quieran participar en la concentración, autobuses gratuitos para su desplazamiento a Madrid.

El sector se encuentra en una situación crítica y acorralado por el poder que representan las grandes cadenas de distribución ante su rotunda negativa de asumir la subida de los costes ante el producto en origen. En este sentido, los datos ya no se pueden sostener. Así, en el último año (2020-2021) el campo ha experimentado un aumento en sus costes de producción de hasta el 30% en algunos productos, incluyendo el envasado y la comercialización que se mueven en una horquilla de entre el 11% y el 11,3%.

En concreto, las reivindicaciones que serán transmitidas por todo el sector de frutas y hortalizas al titular de Agricultura son:

Tarifa especial para la energía eléctrica empleada en la producción en finca, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado. Solicitamos que la energía empleada para estas labores sea asimilada al gasóleo agrícola en cuanto a su tratamiento fiscal.
IVA agrícola reducido para todos los insumos necesarios para la producción. Actualmente está entre el 10 % y el 21 %. Reclamamos sea del 10% para todos, incluidos los servicios agrícolas
Revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva. Actualmente está en el 12 %, pero con el aumento de los costes de producción ya no es suficiente y es necesario incrementarlo al 14 %
Medidas fiscales que recojan la deducción de la factura de fertilizantes y plásticos no amortizables. Aumento del porcentaje de difícil justificación en estimación directa
Reconocimiento y concienciación de la importancia del sector. La opinión del sector es despreciada, incluso ignorada, en las cuestiones que más directamente le afectan, como el decreto de envases, las inspecciones de empleo o las sucesivas acusaciones socio-medioambientales a las que está siendo sometido continuamente. La hortifruticultura de nuestro país y sus valores medioambientales, sociales y económicos son desconocidos e ignorados por una gran parte de la sociedad y por la propia Administración General del Estado.
Revisión de los precios de entrada fijados con terceros países en los Acuerdos preferenciales, para ajustarlos al coste actual de las producciones europeas. Aunque es la Comisión quien actúa para toda la UE, resulta primordial que el Gobierno de España abandere la exigencia de que estos acuerdos sean revisados.

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