La reforma de la Política Agraria Común (2023-2027) ratificada hoy por el Consejo de Ministros de la UE no responde a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones.
– La nueva arquitectura verde, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la reforma de la PAC ratificada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, no es justa ni social y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”.
El texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. «El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa», ha apuntado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.
En el capítulo de ayudas, se observa con perplejidad el «galimatías sin sentido» en torno a la definición de «agricultor genuino», que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias. Asimismo, COAG considera demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros). «Es un nuevo intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas más justa. Un tope por encima de los 60.000 euros no tiene efectos a nivel práctico«, ha afirmado Blanco.
Respecto a la arquitectura verde, los 28 han acordado destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados «ecoesquemas», con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. «Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es «un recorte en toda regla«, ha subrayado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha recordado que «para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas». Además, con el acuerdo entre las instituciones, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.
Todo ello, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, sin contar con los instrumentos de regulación de mercado necesarios y un presupuesto acorde con estos objetivos, supone una gran losa para los pequeños y medianos agricultores europeos. «Se demuestra una vez más la hipocresía e incoherencia de los máximos mandatarios europeos, ya que en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia. Resulta lamentable que ni siquiera se hayan introducido medidas de equivalencia en los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fitosanitarios para los productos agrícolas que vienen de terceros países«, ha criticado Miguel Blanco.
Esta organización defiende desde su origen la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria, siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social. «La PAC debe responder a las nuevas exigencias de la sociedad, tanto en materia de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, pero sin abandonar sus principios básicos. Es decir, la producción de alimentos en cantidad y calidad suficiente, a precios asequibles para los consumidores y remuneradores para los productores. En un contexto presente y futuro de aumento de la demanda de alimentos, resulta suicida destruir las pequeñas y medianas explotaciones y con ellas a los agricultores profesionales que son las garantes de la seguridad alimentaria”, ha argumentado Blanco.
El Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar más que nunca la seguridad alimentaria, la resilencia y la soberanía alimentaria. “Sin embargo, con la aprobación de esta PAC las instituciones europeas dan la espalda a esta realidad, traicionando además sus propios objetivos: caminar hacia una Europa en claves de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Se impone una mentalidad alejada de la realidad del campo y del medio rural«, ha apostillado el máximo responsable de COAG.
COAG participará el proceso de negociaciones del Plan estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC en España, con el objetivo de mitigar el impacto de las nuevas reglas marcadas por la UE en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones.
