- La Justicia obliga a la firma británica a devolver a los productores andaluces hasta 2 millones de euros
La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ha dado la razón a la COAG en la demanda que presentó el 29 de julio de 2019 contra AB Azucarera Iberia S.L. por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).
Tras la resolución, AZUCARERA deberá indemnizar a los agricultores que entregaron remolacha en la campaña 2019-2020, pagándoles el precio pactado en el AMI. Dicha indemnización será aproximadamente de 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada en la citada campaña. En total, en la zona norte deberá abonar a todos los remolacheros que con los que tuvo contrato unos 4,08 millones de euros, 3 millones de euros a los remolacheros de Castilla y León y algo más de 1 millón a los cultivadores de La Rioja, País Vasco y Navarra. A los que habrá que añadir los hasta 2 millones que podría tener que abonar en Andalucía. La incógnita que tendrá que despejarse ahora es cuando se hará efectivo dicho abono ya que la firma británica no se ha pronunciado aún al respecto.
Nuevamente, una demanda de COAG logra rescatar para los productores de remolacha cantidades que les pertenecen y que pretenden escamotearle otros organismos. En 2019, en virtud de un Auto del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, la consejería de Agricultura de CyL tuvo que devolver 3 euros por tonelada que suprimió a los remolacheros en el marco de los planes de ajuste por la crisis (un total de 9,4 millones €). En conjunto, las demandas presentadas por esta organización han conseguido revertir 15,5 millones de euros a los productores de remolacha por pleitos ganados a la industria y a la administración.
El laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid es trascendental para el sector remolachero ya que, de cara a futuros acuerdos marco interprofesionales, establece que las organizaciones profesionales agrarias pueden negociar estos acuerdos con cláusulas de reparto de valor. Es decir, la negociación del precio base la podrán hacer los agricultores en sus contratos, bien individualmente –agricultor a agricultor- o bien colectivamente –contratando con Azucarera a través de la organización agraria, cooperativa o empresa a la que hayan cedido su contratación.
“Este importante logro de las organizaciones agrarias no ha costado ni un euro a los remolacheros. Animamos a los productores a que reflexionen sobre la importancia de tener un sector organizado que pueda defender de manera efectiva sus derechos. Industrias como Azucarera quieren quitarnos de en medio para que no haya negociación y puedan imponer sus condiciones a los agricultores sin nadie que los controle y vigile”, ha subrayado Fernando García, responsable del sector remolachero-azucarero de COAG.
