Con la aprobación de la Ley 12/2013, España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a su mejor funcionamiento. Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contratación por escrito obligatorio como baluarte, que encontró – y encuentra – muchas resistencias. Sin embargo, está comúnmente aceptada como positiva y ha supuesto incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la UE con la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, es evidente que no fue suficiente y queda mucho por andar. La reivindicación de unos precios justos para nuestras producciones impulsó las multitudinarias movilizaciones agrarias de enero y febrero de 2020, sin precedentes desde las históricas de 1977, con un sector harto de soportar una caída acumulada de precios y rentas, una subida permanente de costes, un mercado cada vez más desregulado y volátil, y con crecientes importaciones sin la justa equivalencia y control de estándares. La declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la Covid-19, provocó la desconvocatoria de esas movilizaciones, pero en ningún caso la desconvocatoria de las reivindicaciones.
Las movilizaciones lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de paradigma: construir los precios desde el valor de nuestros productos. Tan sencillo como eso. La prohibición de comprar por debajo del precio de coste o de destruir valor en la cadena son elementos absolutamente necesarios para construir una cadena de futuro, algo esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país. Este nuevo paradigma es perfectamente aplicable, como comprobamos desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representantes de otros eslabones de la cadena. Cuando hace más de siete años se aprobó la Ley también proclamaban los agoreros que no sería aplicable y, aunque con zancadillas y gradualmente, se va aplicando.
Lo que pedíamos, y pedimos, es una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.
Ahora, es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productores, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad. Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuestario, en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la citada Directiva.
Las organizaciones agrarias partimos de una idea fundamental: el funcionamiento del mercado de un sector tan estratégico como el agrario exige la atención de los poderes públicos y, por ello, deben establecerse normas para mejorar su funcionamiento. Porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente.
Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos que ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformación de precios de los productos agroalimentarios.
Estamos ante una oportunidad real para que la construcción del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor.
Seguimos insistiendo en la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.
También es necesario crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE.
Demandamos la inclusión del canal HORECA y de las Organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualmente en una disposición final. Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores.
Pedro Barato Triguero. Presidente de ASAJA
Miguel Blanco Suaña. Secretario General de COAG
Lorenzo Ramos Silva. Secretario General de UPA
