- El secretario general de COAG ha defendido las modificaciones introducidas al hilo de las históricas tractoradas de febrero de 2020, por las que se reconoce el coste de producción como factor objetivo para fijar los precios en los contratos de compra-venta.
- Además, ha pedido que se amplíe el ámbito de aplicación de la Ley al canal HORECA, se regule de manera eficaz la prohibición de la venta a pérdidas y se refuercen los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para velar por su cumplimiento.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado este mediodía en el Congreso de los Diputados las 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria para reforzar la eficacia de la misma y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa.
Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, con motivo del trámite parlamentario del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España. En este sentido, ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a “criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública” y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, “cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato”.
Sin embargo, Blanco ha señalado las “diversas lagunas” que aún existen en la presente normativa y ha propuesto un decálogo de actuaciones para subsanarlas:
- Regulación de la “venta a pérdidas” dentro de esta Ley. Esta práctica supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena. Y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta el más débil, que es el productor. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en Octubre del 2017 llevó al gobierno a modificar la LORCOMIN, haciendo inviable la penalización de la venta a pérdidas, capítulo este en el que se ha retrocedido y que se debe volver a afrontar en nuestro país y a nivel de normativa comunitaria.
- Inclusión del canal Horeca en el ámbito regulatorio de esta normativa, ya que tampoco se incluye en el actual Proyecto de Ley.
- Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un compromiso firme, en la nueva Ley, para la elaboración de índices de costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
- Del mismo modo deben reconocerse todos los costes de producción, no sólo los costes “efectivos”.
- Puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos para poder ejercer un control administrativo por parte de la AICA.
- Consolidar y reforzar el concepto de productos perecederos, para el pago a los 30 días, frente a la pretensión de la Industria de condicionar este pago al destino, en fresco o para transformado del producto.
- Clarificar y reforzar la figura del Mediador de la Cadena, apenas mencionado en una disposición adicional.
- Reforzamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en dotación económica y personal, para un mejor cumplimiento de sus funciones.
- Reforzamiento del compromiso y coordinación de las Comunidades Autónomas. Una parte importante de las mismas no han ejercido sus competencias, como es el caso del control y sanción de las ventas a pérdida, que se han producido de forma flagrante en los últimos años, particularmente en el sector lácteo, aceite de oliva y frutas y hortalizas.
- Clarificar que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
“La pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero esto no se ha traducido en una mejor posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. Los precios en origen siguen en una tendencia a la baja, al tiempo que se incrementan los costes de producción. Y en esta tendencia, la posición de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución tiene mucho que ver. La salud y también la alimentación son lo primero y ahí la regulación es necesaria para consolidar un tejido productivo agrario fuerte y sostenible en nuestro territorio, capaz de dar respuesta a la demanda alimentaria en situaciones de crisis”, ha subrayado el Secretario General de COAG.
