- La propuesta de ayudas perjudica al modelo andaluz de agricultura profesional: agricultores con poca superficie pero muy productivos, mientras favorece a los propietarios de grandes explotaciones extensivas que perciben ayudas por su elevada
- Esta organización considera inadmisible que el ministro de Agricultura presente un decreto sin un informe de impacto previo que determine su efecto en la renta de los agricultores.
- La convergencia propuesta, inoportuna y gratuita (sin obligación por parte de la UE) no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues anticipa una tasa plana que primará la superficie sobre la producción, provocando un efecto llamada de los grandes fondos de inversión que acudirán a la caza de la ayuda.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía pide que se retire el brutal decreto de convergencia del ministro Planas por ser “mortal” para Andalucía. Así lo ha manifestado el secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, quien hoy en rueda de prensa ha “desenmascarado” el Real Decreto que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha elevado a audiencia pública con el propósito de regular la gestión de la PAC transitoria durante los ejercicios 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.
Eduardo López, quien ha estado acompañado en la comparecencia ante los medios por los secretarios provinciales de COAG en Jaén y Málaga, Juan Luis Ávila y Antonio Rodríguez, respectivamente, ha explicado que la diversidad productiva española se reconoció, en la pasada reforma de la PAC, mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda que se definían en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores.
Al mismo tiempo, según expone el secretario de organización, se estableció un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de los agricultores integrados en una misma región, de forma moderada, progresiva y con topes (30% máximo de pérdida) en su impacto sobre la renta individual de los agricultores afectados.
“Ahora –ha afirmado López-, el Ministerio de Agricultura ha presentado un Real Decreto que plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia., ya que plantea una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores”.
Según el análisis de COAG Andalucía, la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados (por proceder de derechos especiales de ganadería o por su mayor productividad al proceder de regadío frente a los que proceden del secano), sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región, ignorando la diversidad productiva, la tipología de explotaciones y dimensión de cada uno de ellos.
Asimismo, Eduardo López ha destacado que, a pesar de la extraordinaria repercusión de este Real Decreto, no se ha realizado ningún informe de impacto que determine las consecuencias que su entrada en vigor produciría sobre la renta de los agricultores.
“Se trata de una modificación gratuita, no viene obligada por la normativa comunitaria, es inoportuna, pues se produce en plena negociación de una reforma de la PAC que entrará en vigor en 2023 y que debe ser fruto de un análisis detenido, orientada hacía unos objetivos definidos, entre otras cuestiones”, ha dicho el representante de COAG, quien además ha añadido que perjudica al modelo profesional y no conlleva una reducción de las ayudas directas percibidas por los grandes perceptores. En España el 0,6% de los perceptores cobra el 17% del presupuesto de ayudas.
Según esta organización, no sólo no toca a los titulares de explotaciones extensivas, sino que éstos van a ser los más beneficiados del decreto, los que han conformado sus ayudas no en base a la producción, sino precisamente a su elevada superficie.
“Es inexplicable –ha señalado López- que los más perjudicados vayan a ser los sistemas productivos cuyos agricultores, con menos superficie, han conformado explotaciones profesionales gracias a fuertes inversiones en tecnología, en riegos localizados, etc., que es lo que les ha permitido incrementar la producción (y la generación de empleo)”.
Por lo tanto, el trasvase será de agricultores que, con poca superficie, han consolidado derechos más elevados en función de su sistema de producción, hacia titulares de grandes superficies, por lo que esta normativa no va precisamente dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues de hecho anticipa una tasa plana que primará la superficie sobre la producción, provocando un efecto llamada de los grandes fondos de inversión que acudirán a la caza de la ayuda.
Por último, López ha dicho que con este Real Decreto el ministro prepara el terreno para la reforma que pretende llevar a cabo en 2023: una homegeneización de ayudas (tasa plana), con el consiguiente perjuicio para el modelo profesional y beneficio a las grandes explotaciones, favoreciendo a la concentración de las superficies.
La trampa de una falsa solidaridad
Por su parte, Antonio Rodríguez, responsable de Ganadería de COAG Andalucía, ha explicado que el decreto de convergencia va a perjudicar muy seriamente a los ganaderos profesionales que tienen derechos especiales, con muchas cabezas de ganado, muy productivos, generadores de empleo y riqueza, aunque con poca base territorial, a los que se les puede reducir la ayuda entre un 40% y un 80%. Y el colmo es que ellos perderían para beneficiar a los ganaderos con grandes extensiones de terreno, con menos ganado y, por ende, menos productivos. Por tanto, este decreto es una trama disfrazada de falsa solidaridad.
En la misma línea se ha manifestado Juan Luis Ávila, responsable de Olivar de la organización, otro de los sectores que puede verse más afectado por el decreto de convergencia propuesto por Planas.
Ávila ha declarado que este decreto es un atentado contra el modelo profesional y productivo de agricultura, que es el que tenemos en Andalucía. Y, en este sentido, ha hecho referencia a la importancia del mismo: “Con motivo de la pandemia del COVID la sociedad ha comprobado lo importante que es mantener un sistema productivo propio y no depender de terceros países para alimentarnos. Pues precisamente con medidas como las que propone este decreto se va a favorecer un modelo de agricultura contrario, extensivo y menos productivo, más propio de otras comunidades españolas donde los agricultores y ganaderos son muy pocos y con grandes extensiones de superficie. Este tipo de agricultura no puede responder para abastecer a la sociedad de alimentos, por lo que al igual que ocurrió con las mascarillas al inicio de la pandemia, nuestra sociedad se vería obligada a depender de terceros países para alimentarse. Esto es lo que va a conseguir el decreto de Luis Planas”.
Recurriendo a los datos, la injusticia es evidente. La media de ayudas percibidas por agricultores y ganaderos en Andalucía es de 3.189€ (muy productivos pero con poca superficie), mientras que en Aragón la media se sitúa en 5.509€ (por mayor número de hectáreas por titular). Por tanto, y según lo que plantea la convergencia propuesta, se le reducirá la ayuda a los andaluces para beneficiar a los aragoneses, por ejemplo, que además son los que más cobran por explotación.
Por todo ello, desde COAG Andalucía se pide la retirada urgente del decreto que es un atentado contra Andalucía.
