* En su comparecencia en el Parlamento, esta organización agraria ha recordado que para Andalucía es importante que la nueva PAC, que se negocia en Bruselas, mantenga presupuesto, y que se ponga al modelo profesional y social en el centro de las políticas agrarias.
Sevilla, 17 de junio de 2019. COAG Andalucía ha comparecido ante la Comisión de Hacienda del Parlamento para valorar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2019. Este año alcanzan los 36.495,50 M€, lo que supone un incremento del 4,99% respecto a 2018.
La consignación presupuestaria para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible asciende a 3.109,3 M€, si se consideran las actuaciones en materia de agua, lo que supone un incremento del 14,2% con respecto a 2018. Si únicamente consideramos los programas de agricultura y ganadería, el presupuesto es de 2.320,2 M€, frente a los 1.985,8 M€ del ejercicio anterior (un 16,84% superior). A estas cantidades deberíamos añadir las gestionadas por el Instituto de Formación Agraria, Pesquera y de la Producción Ecológica 56,6 M€ y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 133,9 M€, por lo que el presupuesto total de agricultura se eleva a 2.510,7 M€.
El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha valorado este incremento de fondos para el sector, al tiempo que ha pedido una apuesta mayor por el relevo generacional, que es uno de los grandes objetivos de la Consejería de Agricultura. “En la convocatoria 2018, han quedado excluidos por falta de presupuesto 1.098 solicitantes que deseaban iniciar su actividad agraria como profesionales. Incrementando esta partida en 63,4 millones se podría atender el 100% de las iniciativas empresariales presentadas”, ha destacado López.
El Secretario General de COAG Andalucía se ha referido también a las negociaciones de la próxima PAC, y ha defendido la necesidad de mantener presupuesto comunitario y de que se respete la distribución territorial de los fondos, de la misma medida que Bruselas respeta el reparto entre los estados miembros. Esto es especialmente relevante, si tenemos en cuenta que el 84% de los presupuestos de la Consejería de Agricultura son fondos europeos. “La última reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 supuso para los agricultores y ganaderos andaluces la pérdida de 900 millones de euros. Esto no puede volver a ocurrir. La homogeneización de los pagos directos constituye una seria amenaza en una región como Andalucía, donde la reducida dimensión de nuestras explotaciones genera rentas por debajo de la media nacional y europea, a pesar de los elevados índices de productividad, fruto de las inversiones realizadas y de la apuesta por el regadío. Y tiene que haber una priorización del modelo social y profesional, incorporando medidas como la limitación de pagos por beneficiario (topes por explotación), el pago redistributivo para apoyar las primeras hectáreas, un modelo más justo de ayudas asociadas y, en definitiva, un mayor incentivo al modelo prioritario, el social y profesional, que es el que genera empleo y mantiene la población en el territorio”.
Miguel López ha planteado también la necesidad de contar con una Oficina para el Seguimiento y Control del Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria, que permita alcanzar una mayor coordinación y eficacia administrativa en el desarrollo y aplicación de la legislación europea, estatal y autonómica en materia de funcionamiento de la cadena agroalimentaria, garantizando su transparencia, la adecuada formación del precio y la sanción de las conductas desleales.
Por último, el secretario general de COAG Andalucía ha reivindicado una vez más la deseada simplificación administrativa y la agilización de los trámites, mediante un compromiso de plazos por parte de la Administración, para garantizar que ninguna medida pierda su sentido debido a los retrasos burocráticos.
López ha recordado una vez más el carácter estratégico de la actividad agraria, ya que los agricultores y ganaderos producen alimentos para la población, contribuyendo a garantizar el abastecimiento, al tiempo que hacen posible la distribución de la población en el territorio, manteniendo el paisaje, la cultura y muchos otros bienes públicos. Por todas estas razones, es fundamental asegurar el mantenimiento de la actividad agraria en torno a un modelo de agricultura social que pivota sobre el profesional agrario.
