COAG ANDALUCÍA RECUERDA QUE LA POLÍTICA AGRARIA Y EL EMPLEO SON CLAVES PARA UN MEDIO RURAL VIVO

* Esta organización agraria recuerda que Andalucía es la única comunidad autónoma en la que la afiliación a la Seguridad Social crece de manera significativa

* El modelo de pluriactividad, con el apoyo de la PAC y con políticas sociales adecuadas, ayuda a combatir el temido despoblamiento

Sevilla, 22 de agosto de 2018. Andalucía incrementó desde 2010 un 20% sus afiliados a la seguridad social agraria por cuenta propia (incluyendo RETA y SETA), lo que significa un aumento de más de 9.000 personas, mientras el conjunto de España perdió en el mismo periodo más de 24.000. Esto es así porque la mayoría de comunidades autónomas reducen afiliados y las otras que crecen, como Murcia, Madrid o Castilla la Mancha, lo hacen en términos mucho menores.  

 ¿Por qué ocurre esto en Andalucía? Nuestra comunidad autónoma presenta una actividad agraria de gran diversidad y el predominio de un modelo profesional y social que es principal generador de economía y empleo en nuestros pueblos. Así, el 74% de las explotaciones andaluzas tiene menos de 10 hectáreas, mientras a nivel nacional ese porcentaje se sitúa en el 63%.

En Andalucía, el 40% de las explotaciones se incluye en el Régimen de Pequeños Agricultores de la PAC, por lo que sus titulares cobran menos de 1.250 €. El 37% de las explotaciones andaluzas cobran entre 1.250 y 5.000 euros, mientras en el resto de España ese porcentaje se reduce al 24%. Precisamente estos tramos fueron los más golpeados por la aplicación lineal del mecanismo de reducción presupuestaria de la PAC 2014-2018, que diseño el ministro Arias Cañete. 208.000 explotaciones andaluzas perdieron 261 millones de euros. No parece el mejor sistema para combatir el despoblamiento del medio rural, que sólo puede evitarse promoviendo el empleo y la economía en los pueblos. Por eso, COAG Andalucía siempre ha defendido que este tramo de ayudas PAC, combinado con políticas sociales adecuadas, es vital para el mantenimiento de la actividad y, por tanto, la población, en el mundo rural.

 Andalucía es la principal perceptora de fondos PAC, pero precisamente porque el modelo profesional y social es mayoritario, esos fondos están muy repartidos. Aunque el valor del Derecho de Pago Básico es alto (por su importancia productiva), el importe medio por beneficiario está por debajo de la media española, al situarse en 5.140 euros, frente a los 7.765 € de Aragón; los 7.929 € de Castilla-León; los 7.733 € de Extremadura o los algo más de 6.200 que tienen Madrid o Navarra. 

 El 99% de los perceptores PAC andaluces cobra menos de 60.000 euros. No obstante, hay un 0,25% que acapara casi el 20% del presupuesto, y que ha sido el principal beneficiario de la reducción presupuestaria, ya que el ministro Cañete decidió aplicarles la misma modulación que a los pequeños, por lo que los grandes perceptores, mientras todos veían recortados sus ingresos, salieron ganando.

 La actividad agraria en Andalucía es pues generadora de empleo (20% de los trabajadores por cuenta propia y el 62% de los trabajadores por cuenta ajena agrarios son andaluces) y de riqueza (el 32% del VAB estatal lo genera el sector agrario andaluz), gracias también a las altas inversiones acometidas (un ejemplo: en Andalucía casi el 75% del regadío está modernizado con riego localizado, mientras en España sólo lo está el 30%). Todo ello conduce a la fijación de la población: actualmente, el 57% de los andaluces vive en el medio rural.  

 Por eso, no se entiende que Andalucía haya sido la gran perdedora de la aplicación de la PAC 2014-2020, viéndose privada de más de 1.000 millones de euros, por los recortes que ha sufrido tanto en ayudas directas como en desarrollo rural, y sin verse compensada con unas ayudas asociadas que se diseñaron con un criterio político y sin base objetiva.

 COAG Andalucía considera imprescindible que la PAC 2021-2027, que actualmente se negocia en Bruselas, y su correspondiente aplicación a nuestro país por parte del nuevo Ministro de Agricultura, cambie esta situación y restablezca el equilibrio y el interés general, aplicando criterios objetivos y situando al modelo social y profesional, el que genera empleo y riqueza, el que vertebra el territorio, el que conserva el patrimonio natural y cultural,  en el centro de las políticas agrarias.