* Esta organización agraria recuerda que con el anterior gobierno el Ministerio de Agricultura hizo una aplicación de la PAC que obligó a Andalucía a asumir un recorte de más de 1.100 millones en todo el período.
* Hasta el mes de agosto hay plazo para modificar las ayudas asociadas voluntarias, cuyo diseño fue especialmente perjudicial para Andalucía, por lo que hay margen para resolver este despropósito.
Sevilla, 3 de julio de 2018. COAG Andalucía pide al Ministro de Agricultura, Luis Planas, que actúe con rapidez para poder subsanar el inaceptable despropósito que supone la aplicación de la PAC diseñada por el gobierno anterior, que provoca un agravio entre agricultores y sectores, haciendo caer sobre Andalucía un recorte de más de 1.100 millones de euros.
Esta organización recuerda que el ajuste financiero del 8,64%, impuesto por Bruselas y aplicado de forma lineal por Madrid, supuso unas pérdidas para Andalucía de 260 millones de euros, con recortes a más de 200.000 perceptores de menos de 5.000 euros (que antes estaban exentos) mientras los grandes perceptores de ayudas, los que reciben más de 300.000 euros, se ven beneficiados (ya que antes se les aplicaba una modulación del 14% y ahora tendrán un recorte del 8,64%). No tiene sentido que se cree una comisión en el Congreso de los Diputados para abordar el despoblamiento del medio rural y que luego no se tenga en cuenta que ese modelo profesional y social y el que se sitúa en zonas de mayor dificultad para modernizar o para buscar alternativas económicas, ese modelo al que se maltrata, es el que ayuda a fijar la población y la economía en los pueblos.
Por otra parte, en cuanto al diseño de las ayudas asociadas, esta organización agraria recuerda a Luis Planas que Andalucía sufrió una aplicación política y arbitraria, no basada en criterios agronómicos, que ha castigado sistemáticamente a nuestra región. Así, quedan sin apoyo sectores en grave riesgo de abandono como el olivar en pendiente, la uva pasa, la ganadería o los frutos secos. Pero, además, sectores como la remolacha o el tomate de industria sufren un agravio comparativo respecto a otras zonas productoras, ya que mientras la remolacha del sur recibe 316 euros por hectárea, la del norte recibe 499, ya que se ha tomado como criterio el rendimiento. En cambio, en el tomate de industria, ocurre lo contrario: Andalucía es más productiva pero tiene menos superficie, y se ha tomado este criterio a la hora de conceder la ayuda. Igualmente, a la hora de poner límites (topes) a estas ayudas, sólo se le ha puesto al girasol, curiosamente el cultivo en el que destaca Andalucía, que por tanto también pierde fondos. Nuestra comunidad aporta el 31% del presupuesto de las ayudas acopladas y recibe el 13,3%, lo que significa que nuestra comunidad pierde casi 350 millones en todo el período (58 millones por año).
En definitiva, si en un primer análisis ya sabíamos que las decisiones de Bruselas y Madrid iban a tener importantes repercusiones negativas para Andalucía, la experiencia nos demuestra que el impacto es aún peor de lo esperado. Con los datos de aplicación de la reforma hasta 2016 y extrapolando los valores de 2017 a 2020, se pueden comparar los marcos 2007-2013 y 2014-2020, y el resultado es que Andalucía pierde casi 850 millones, sólo en ayudas directas, mientras la reducción para España es de 784 millones.
Se producen, pues, dos paradojas: Andalucía pierde más que el conjunto del estado español y, además, es la única comunidad que ve recortados sus pagos desacoplados cuando éstos representan un porcentaje cada vez mayor del presupuesto europeo.
A todo ello hay que sumarle más de 200 millones de merma en desarrollo rural. Con todo, Andalucía pierde más de 1.100 millones.
En palabras del Secretario General, Miguel López: “Este gobierno no ha venido para irse de vacaciones. Hay que actuar y hay que hacerlo rápido, ponerse a trabajar para restablecer el marco de interés general. Hasta el mes de agosto, según el Ómnibus, tenemos margen para modificar una situación inaceptable para Andalucía. El diseño de las ayudas asociadas no se usó para mejorar las condiciones de sectores en dificultad, como debía ser, sino para reorientar políticamente los presupuestos, dando un mazazo al sector agrario andaluz y provocando agravios entre los propios agricultores”.
Y añade: “Andalucía, con un 57% de población que vive en el medio rural, es, por número de explotaciones (unas 250.000), por valor de la producción (más de 12.000 millones de euros), por el empleo que genera (casi el 30% del empleo agrario por cuenta propia y el 60% por cuenta ajena de España), por la diversidad y calidad de sus producciones, por el reconocimiento en los mercados, y por muchas más razones, la principal región agraria de Europa y no puede volver a ser la gran perjudicada por intereses políticos o privados”.
